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Cuando mi candidatura decidió presentar la demanda solicitando la suspensión del próximo Congreso del PP de les Illes Baleares previsto para el 5 de julio conocíamos de antemano los riesgos que corríamos. Les confieso que fue una decisión dolorosa para mí pero inevitable después de agotar todas las posibilidades habidas y por haber sin salirse del marco del propio partido. Sólo después de que hicieran caso omiso a los puntos de vista y a las advertencias de Antoni Rami, colaborador mío y miembro del comité organizador del Congreso, nos decidimos a presentar la pertinente queja al Comité Nacional de Derechos y Garantías que, como es sabido, ni respetó nuestros derechos ni nos dio ninguna garantía pese a reconocer los hechos.

Insisto, agotamos todas las posibilidades para que el comité organizador encabezado por Francesc Fiol entrara en razón con el fin de celebrar un Congreso participativo, transparente y en igualdad de oportunidades para los dos candidatos en liza. Nuestras peticiones eran claras: volver al primer censo de compromisarios que nos dieron, facilitar que los compromisarios de las islas menores tuvieran tiempo para votar el día del congreso, sorteo del turno de las intervenciones tal como estipula el reglamento del congreso, entrega de las actas de las juntas locales de la designación de los compromisarios y la no inclusión de los consellers insulares como compromisarios natos haciéndolos pasar por parlamentarios autonómicos. Unas condiciones que entendíamos como irrenunciables a fin de que el próximo Congreso fuera una fiesta de democracia interna, debate interno y participación. En vano. Si bien el Comité Nacional de Garantías reconocía todos y cada uno de los datos que les aportamos llegaba a una conclusión errónea y sesgada. Reconocía en efecto que se habían producido, del primer al quinto censo, nada menos que 194 alteraciones, 111 bajas y 84 altas. A su entender, en el cómputo global sólo se había producido una variación de 27 compromisarios, un número que tachaban de 'irrelevante' que no justificaba la disolución del Comité Organizador del Congreso encabezado por F. Fiol y la vuelta al primer censo de compromisarios. Un argumento absurdo. Fíjense. En el caso de que hipotéticamente hubiera habido 300 bajas de compromisarios afectos a un candidato y 300 altas al otro candidato, nadie pone en duda, salvo el Comité Nacional de Garantías, de que, a pesar de que la variación en el cómputo global fuera cero, sí se habría alterado gravemente el censo.

De ahí que ante el panorama, con el partido a nivel de Madrid validando las fechorías del Comité Organizador, viendo cómo las reclamaciones de Antoni Rami eran papel mojado, viendo que los atropellos proseguían, vulnerándose una y otra vez los reglamentos internos para favorecer a la candidata oficial, decidimos ir a los tribunales para garantizar un proceso auténticamente democrático, transparente y en igualdad de oportunidades.

A partir del anuncio de la demanda, la lluvia de improperios, de juicios de intenciones y de amenazas encubiertas que ha recibido mi candidatura ha sido constante. De hecho, desde el mismo día en que anuncié mi candidatura el entorno de la candidata oficial, con sus plumíferos afines ejerciendo de altavoz, ha venido martilleando el mensaje de que mi intención era la de formar un partido nuevo, cuando no directamente de destruir el partido al que he dedicado los mejores años de mi vida y por el que me he batido el cobre como el que más. Un juicio de intenciones malévolo que se ha intensificado a medida que denunciábamos públicamente los atropellos sufridos por parte del Comité Organizador y que ha alcanzado cimas sobresalientes, como era previsible, después de presentar la demanda judicial. Una intencionalidad que siempre venía acompañada de la idea implícita de que no quería el partido. De hecho, le ha faltado tiempo a la candidata oficial para decir que ella nunca llevaría a su familia a los juzgados.

Esta apelación al corazón, aunque en un primer momento puede resultar impactante y sin duda eficaz para dejar al supuesto desafecto a los pies de los caballos, no resiste ni treinta segundos de análisis. Ni el Comité Organizador es el partido ni tampoco lo es el entorno de la candidata oficial que ni siquiera ha sido refrendada por la militancia. Sólo desde esta falsa creencia se puede identificar a la cúpula dirigente con todo el partido y menos, como alguno se ha atrevido, a hablar en nombre de todos los afiliados.

La cúpula dirigente, sobre todo la entrada en años, suele caer en la tentación de apropiarse del partido tratando de identificarse con él cuando, en nuestro caso, ni siquiera han sido elegidos democráticamente. Un ataque dirigido a ellos es presentado ipso facto como un ataque al partido. El partido no es suyo, sino de todos los militantes y cuando digo todos digo todos y no sólo los que apoyan a un determinado candidato. Unos militantes que merecen que sus cargos sean elegidos a través de un auténtico ejercicio de democracia interna. La confusión del todo con la parte unido al sentimentalismo más abyecto sólo sirve para estigmatizar al adversario -o al militante incómodo- como un traidor. Decía Samuel Johnson que 'la patria era la última tabla de salvación a la que se agarran los bribones' y en efecto, envolviéndose en la bandera de todo el colectivo o en esta familia-partido de la que nos habla Estarás, cualquier atropello, cualquier iniquidad, cualquier vulneración de los estatutos, la prepotencia y la impunidad con las que actúa el aparato oficial deben subordinarse a una sacrosanta unidad del partido donde el más fuerte imponga su trágala al más débil. En nombre del Bien y la Unidad del partido. Yo estoy convencido de que hay valores superiores que la unidad del partido a toda costa si esta significa atropellar a los más débiles. Y que en nombre de la familia, como la candidata llama al partido, difícilmente puede justificarse la iniquidad.

Llegados a este punto, ¿cuáles son las irregularidades que hemos denunciado primero a nivel interno y que ante la callada por respuesta nos han obligado a acudir a los juzgados? Resulta curioso que sobre los hechos denunciados la artillería de la candidata apenas se haya limitado a farfullar evasivas de si se habían seguido las clásicas 'depuraciones' censales de siempre. Pero este, aunque no quieran hablar de ello, es el meollo de la cuestión, no las malas intenciones de Carlos Delgado para presentar la demanda después de agotar todas las vías ordinarias. Y es que, vista la gravedad de las irregularidades detectadas, no es extraño que los ataques feroces e injustificados de Última Hora y Diario de Mallorca, el primero por el odio eterno que me profesa Pedro Serra a raíz de lo de Son Massot y el segundo asustado ante la posibilidad de un PP rearmado que plante cara a la izquierda en el terreno de las ideas, se hayan desplazado de los hechos cantantes y sonantes a los más enigmáticos juicios de valor sobre si 'Delgado no sabe perder', si 'Delgado presenta la demanda porque sabe que no tiene nada que hacer', incluso aduciendo mi 'deslealtad' como un atributo personal que me determina irremediablemente para entrever las profundas razones por las que he presentado la demanda. Pues siento contradecirles. Las razones, tal como ya ha publicado algún compañero mío en estos días, son mucho más simples:

1. El Congreso nace viciado ya con la carta de Estaràs que envía a los militantes convocándoles al congreso. No llevaba fecha. En muchos casos esta carta no fue recibida y en otros fue recibida por sus destinatarios en fechas posteriores al día de celebración de las elecciones de los compromisarios, vulnerándose así el reglamento del Congreso. La falta de fecha impide conocer si se cumplió con la exigencia de los 10 días de antelación para convocar las asambleas de elección de los compromisarios. Sólo tres juntas locales (Palma, Marratxí y Calvià) se vieron obligadas a convocar elecciones al ser mayor el número de solicitantes que las plazas.

2. El Congreso se convoca sin saber quiénes son los miembros de la Junta Directiva Regional. Recordemos que los miembros de la Junta Directiva son compromisarios natos, algunos de sus antiguos miembros, creyéndose que todavía lo eran al verse formando parte de la Junta Directiva, ni siquiera presentaron su solicitud de compromisario. Celebradas las elecciones a compromisario, se quedarían fuera al poner al día Fiol el censo de la Junta Directiva. 3. Fiol decide incluir también a los consellers insulares como miembros de la Junta Directiva Regional, convirtiéndolos así en compromisarios natos (no electos) con derecho a voto en el Congreso, en una interpretación sui generis del reglamento de la composición de la Junta Directiva sólo incluye a los 'parlamentarios autonómicos'.

4. Fiol nos entrega hasta cinco censos diferentes con continuas variaciones. Desde el primer censo al quinto censo se han borrado 110 compromisarios y se han añadido otros 84. Ello significa 194 cambios, más del 10% del censo electoral. El reglamento del Congreso regula perfectamente la elección de los compromisarios y los protocolos de impugnación. El censo no puede ser alterado sin haberse resuelto una reclamación de los propios interesados sin que hasta ahora se tenga constancia de ninguna. Las 194 alteraciones se han producido de oficio por parte de Fiol. Si es irregular dar compromisarios de baja sin ningún fundamento, más grave es todavía dar de alta en el censo a personas que ni siquiera se presentaron en su momento para optar a serlo.

5. Fiol ha justificado estas altas y bajas o bien por errores en la elaboración de los compromisarios natos o bien por la elección de compromisarios no afiliados al partido. En una rápida comprobación se ha podido comprobar que algunos dados de baja son afiliados con años de antigüedad en el partido, incluso ocupando concejalías en representación del PP.

6. Fiol se ha negado hasta ahora a entregar las actas que en cada junta local debían levantarse obligatoriamente de la designación de sus compromisarios.

7. El guión del congreso elaborado por Francesc Fiol favorece claramente a la candidata oficial. Según el reglamento, el orden de intervención se elegirá por sorteo. El comité organizador ya ha decidido que Estarás será la última en intervenir antes de pasar a la votación. Además, según el guión hasta ahora aprobado podría darse la circunstancia de que los votantes de las islas menores, sobre todo los menorquines, no pudieran votar antes de coger el avión de vuelta. Una de nuestras reclamaciones es que el guión se adapte a nuestros compromisarios de las islas menores para darles facilidades para poder votar.

Estas son las principales razones que nos han llevado a los tribunales. Consideramos que no se dan las circunstancias democráticas para la celebración del Congreso. No quiero ser un presidente que gana en los juzgados. Quiero ser un presidente democráticamente elegido por militantes en un proceso limpio, transparente, en igualdad de oportunidades y sin atropellos del aparato oficial hacia la candidatura alternativa.

Las razones no son ni las 'intencionalidades' que algunos presuponen de antemano tratando de 'demostrar' nuestro 'radicalismo maligno', sino las irregularidades cometidas y sin propósito de enmienda por parte del comité organizador desde el primer trámite.