Todos los políticos tenemos asumido- y mal lo tiene el que no lo asume- lo que se llama un plus de soportabilidad a la hora de enfrentarnos a críticas y descalificaciones de manera que, expresiones, insultos e imputaciones que, para un ciudadano de a pie, merecerían rotundo amparo judicial, en nuestro caso pasan a integrarse en el bloque de la libertad de expresión o de la crítica política que prima sobre otras consideraciones como pueda ser el derecho al honor, a la imagen, a la privacidad o, incluso, el derecho a ser amparados por injurias y calumnias. Este plus de soportabilidad , sin embargo y como ocurre con todos los derechos y libertades, ni es absoluto ni deja de tener unos límites que son precisamente los jueces los que deben fijarlos en cada caso concreto. La jurisprudencia- tanto del Supremo como del Constitucional- es cierto que prima la libertad de expresión cuando entra en conflicto con otros bienes jurídicos dignos de protección como son el derecho al honor o el derecho a no ser difamado, injuriado o calumniado, pero esta misma jurisprudencia no autoriza la libertad de expresión como una patente de corso para el insulto y, lo que es más grave, para la imputación de delitos.

Viene a cuento esta breve reflexión ante dos supuestos que me han afectado personalmente en mi condición de alcalde de Calvià y que se han saldado con el archivo provisional de una querella por injurias (el tema ha sido recurrido) y la desestimación de una demanda civil de protección al honor (actualmente en el Supremo). La querella es contra el concejal socialista y candidato a la alcaldía de Calvià en las próximas elecciones, Antonio Manchado y contra el secretario general de los socialistas de Calvià, Francisco Cano, y la demanda de protección al honor contra Manchado y otra concejal socialista. En el primer caso, me llamaron «corrupto» y me acusaron de haber pagado la pasada campaña electoral con dineros públicos, amén de «engordar las cuentas corrientes» de mis amigos, lo cual constituyen indicios más que racionales de imputación de delitos perseguibles de oficio. En la demanda civil, se me imputó nada menos que haberme comprometido a recalificar los terrenos a los compradores de los solares del Fortí de Illetes, antigua propiedad de mi familia. Por supuesto que en ninguno de los casos aportaron ninguna prueba de sus afirmaciones.

En ambos casos, no estábamos en el fragor de un debate político en el que los calentamientos de boca pudieran provocar excesos dialécticos, sino ante una deliberada, meditada y sobradamente ponderada intención (fueron ruedas de prensa premeditadas) de acusar al alcalde de Calvià de la comisión de delitos concretos, individualizados y referidos a asuntos concretos que no sólo ponen en duda mi integridad moral sino la honestidad de la gestión pública del alcalde de Calvià. Lo que me inquieta y me escandaliza es la absoluta indefensión que los políticos tenemos ante imputaciones e insultos que ni son necesarios para el ejercicio de la oposición ni encajan en los supuestos de una crítica y una libertad de expresión que- insisto- no son, ni la una ni la otra, absolutas, sino que deben contextualizarse dentro de unos límites todo lo amplios que se quieran, pero límites en definitiva como corresponde al ejercicio de cualquier derecho y libertad. En el primero de los casos, lo más triste no ha sido que los señores Manchado y Cano se comporten con estos modos sino que el juez al que le ha tocado el tema ni ha entrado a considerarlo, ni ha llamado a declarar a los autores de tan graves imputaciones para analizar la procedencia o impertinencia de sus afirmaciones, sino que la ha archivado y desestimado por falta de acreditación de los hechos sin que se me dé la más mínima posibilidad de hacerlo. Me han negado, en una palabra, amparo judicial supongo que por el nefando pecado de intentar defenderme de imputaciones delictivas, a partir de ahora, con impunidad garantizada.

Con este escrito simplemente quiero hacer reflexionar a jueces, fiscales y a la sociedad en general sobre si estamos dando a la política el entorno apropiado para luego exigir lo que a la misma se le exige. Me explico con una pregunta: ¿Quién va a querer ser político en el futuro si se le puede llamar corrupto sin consecuencias legales? Y cuando digo «quién» me refiero a los ciudadanos íntegros que se sienten ofendidos cuando se les trata de delincuentes.

Creo sinceramente que el entorno judicial tiene una gran tarea por delante en la regeneración de la vida política, pero no sólo persiguiendo sin descanso a los políticos corruptos, cosa que está muy bien, sino también defendiendo a los que no lo son de los ataques infundados de sus adversarios.

(*) Carlos Delgado Truyols es alcalde de Calvià.

(**) Publicado en el periódico El Mundo/El Día de Baleares el día 15-12-2006