EDITORIAL (*)
E l fantasma de la corrupción ha vuelto a sobrevolar el municipio de Calvià. La aprobación, con los votos favorables del PP y un tránsfuga de Unió Mallorquina, de un convenio por el que el ayuntamiento se hace cargo de la urbanización Nova Santa Ponça ha desencadenado un conflicto político que trasciende el ámbito local y cuyo alcance es, en estos momentos, muy difícil de predecir. El pacto PP-UM que permitió la elección de Carlos Delgado como alcalde ha quedado hecho añicos y ha dejado en evidencia a las direcciones insulares de ambos partidos que, de pronto, se encuentran con una crisis de compleja solución. Al aceptar el voto del concejal disidente, Delgado contradice la doctrina de su partido sobre el transfuguismo y sitúa al PP balear al borde del precipicio.
La votación del pasado viernes ha roto el pacto PP-UM en Calvià. No sólo eso, sino que el alcalde ha hecho oídos sordos a las directrices de su partido. Una razón más que suficiente para que el PP abra una investigación a fin de conocer y divulgar ante la opinión pública las causas que han obligado a tan sorprendente comportamiento. Algunas ya se conocen. Hace tiempo que la influyente familia Nigorra quería resolver el asunto de Nova Santa Ponça, pero en tanto que se negociaba el convenio otros asuntos urbanísticos -Son Massot, por ejemplo- interfirieron la política local y con ellos reaparecieron las sospechas de corrupción.
En Son Massot se pretendía la recalificación de unos terrenos, en una operación especulativa que favorecía unos intereses urbanísticos -con el apoyo de un conocido empresario de prensa- en detrimento de otros relacionados con los promotores de la urbanización Nova Santa Ponça, cuya recepción fue aprobada el viernes gracias a Joan Thomàs, el concejal desertor de UM. Todo parece indicar que el alcalde no veía con buenos ojos el proyecto de Son Massot y, de hecho, fue su estrategia la que vetó el pelotazo. La guerra interna desencadenada entonces bien puede haber tenido su colofón ahora. ¿Un ajuste de cuentas? Quizás, pero sobre todo el enfrentamiento entre grupos económicos con intereses divergentes que pretenden mover los hilos políticos a su manera.
Sólo por eso, por las inevitables sospechas de corrupción -el portavoz socialista del Ayuntamiento ha pedido la intervención del fiscal anticorrupción- el PP balear está obligado a explicar quién y qué mueve en realidad la política de Calvià. La historia reciente de este municipio está plagada de pasajes oscuros y hasta de un sonado intento de compra de un concejal socialista para propiciar una moción de censura contra la alcaldesa de su partido. En todo caso, volviendo al momento presente, la aparición en escena del transfuguismo supone -una vez más- un ataque directo a los más elementales principios democráticos.
Ni el alcalde popular de Calvià, ni nadie, puede escudarse tras un tránsfuga para imponer un convenio urbanístico, ni siquiera en el caso -como dice Delgado- de que el convenio sea beneficioso para el municipio. Algo en lo que discrepan abiertamente tanto Unió Mallorquina como los socialistas. De hecho, el mismo alcalde, al justificar lo injustificable, dijo que los vecinos de Nova Santa Ponça dejarían de ser ciudadanos de segunda categoría. La pregunta es inevitable: ¿por qué el Ayuntamiento ha tolerado hasta ahora que lo fueran? En Calvià hay demasiados intereses en juego. Siempre los ha habido, pero los enfrentamientos recientes muestran un deterioro inaudito.
Por eso mismo, porque todo huele muy mal, porque la salud democrática de las islas lo demanda, hay que exigir explicaciones. Las han de dar Carlos Delgado sobre su comportamiento, las ha de dar el presidente regional del PP para salvaguardar la honorabilidad de su partido y las ha de dar UM. Explicaciones sobre lo que se ha visto y se deduce de lo ocurrido y, también de lo que no se ve ni se conoce. Es decir, de lo que se esconde.
(* publicado el 31 de julio 2005 )