L levábamos tiempo sin tránsfugas, esa especie migratoria de la política que ha sido protagonista de algunos de los más repugnantes escándalos desde que contamos con ayuntamientos, consells y gobiernos democráticos. Antes los tránsfugas no es que no existiesen, sino que carecían de espacio por el que moverse y, sobre todo, de razones para hacerlo. Porque los tránsfugas nunca lo son por razones ideológicas, aunque éstas se suelan invocar como justificación de lo injustificable. En los episodios de transfuguismo es bien común que ande por medio una operación inmobiliaria.
Fue un asunto inmobiliario -con promotores y constructores por medio- el que animó el caso más espectacular de transfuguismo que se recuerda, el de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez que traicionaron a su partido hace dos años -y a sus votantes de paso- obligando a repetir las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y, con toda la distancia que va de un episodio a otro, es un asunto inmobiliario, el de la recepción de Nova Santa Ponça, el que asoma por debajo de la fuga como militante de Unió Mallorquina del teniente de alcalde de Vías y Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del ayuntamiento de Calvià. Sólo que, en esta ocasión, las presiones, las puñaladas traperas, las conspiraciones y las venganzas vienen de lejos sin apartarse en ningún momento del campo de batalla del urbanismo entendido como negocio.
A partir del episodio de la recalificación fallida de los terrenos de Son Massot, con influencias mediáticas -del editor influyente por excelencia- retratadas en una cena que en cualquier país civilizado habría obligado a intervenir al fiscal anticorrupción, Calvià ha sido protagonista de tiras y aflojas en los que Unió Mallorquina desde el Consell y el Partido Popular desde la alcaldía no han cesado de lanzarse puyas y sembrar el camino del adversario de obstáculos. En el mundo del urbanismo, eso se traduce en oponerse al pelotazo. Algo que, si bien sería lo más natural y lógico en términos de una política decente, en nuestra isla sólo aparece como baja colateral en el terreno de la guerra por las influencias inmobiliarias.

Tal vez la circunstancia más pintoresca de este asunto descanse en el hecho de que los dos partidos a la greña forman hoy por hoy coalición en el ayuntamiento de Calvià. Entre o no formalmente el tránsfuga en el Partido Popular, el sentido de su operación da el mismo resultado. Y plantea una crisis en el gobierno municipal del pueblo cuyas consecuencias son imprevisibles. Porque hasta ahora el PP no había entrado al trapo en ningún momento a las provocaciones dosificadas y continuas de UM en cualquiera de las instituciones en las que coinciden y van de la mano. Es más, el presidente del Govern, don Jaume Matas, había impuesto la estrategia de aceptar a los nacionalistas mallorquines como socios incluso en el caso de ganar los populares por mayoría absoluta las elecciones próximas no sólo en el Parlament sino en el Consell de Mallorca.

Pero ese talante de diálogo y pacto no puede estirarse tanto como para superar cualquier cosa que suceda. En concreto, las reacciones previsibles de UM ante su tránsfuga de Calvià pueden suponer el final de un acuerdo que, a estas alturas, no beneficia a ninguno de los dos socios. Sin olvidarnos de que la verdadera guerra, la del urbanismo, aún no ha terminado.

(*) Publicado en el Diario de Mallorca el día 28 de julio de 2005