Los partidos piden que se investigue ´a fondo´ al celador

La oposición recuerda que es un "tema sensible" y respeta la "presunción de inocencia" del empleado

I.Moure
La prudencia envolvió ayer las declaraciones de los partidos políticos calvianers a la hora de valorar la detención de un celador del Ayuntamiento por haber extorsionado presuntamente a una vecina del municipio para no denunciar una irregularidad urbanística en su propiedad. Todos los grupos políticos consultados afirmaron que es un tema con el que hay que "ser sensibles" al encontrarse ya en la esfera judicial, pero al mismo tiempo coincidieron en defender que debe investigarse "a fondo" al funcionario para comprobar si en su trayectoria laboral previa en el Consistorio ha habido algún tipo de irregularidad. En esta línea argumental se situaron por ejemplo los socialistas, que detallaron que se trata de un "asunto serio y delicado" sobre el que hay que ir con pies de plomo. "Hay una investigación judicial en marcha y debe respetarse por encima de todo la presunción de inocencia", manifestaron fuentes del PSOE. El otro partido con representación municipal, Unió Mallorquina, dijo que ahora se abre "un compás de espera" hasta la resolución definitiva del caso. Su presidenta local y candidata a la alcaldía, María José Rodríguez, echó en falta, eso sí, más explicaciones por parte del equipo de gobierno. "Si finalmente se confirmase su culpabilidad, sería abominable y muy difícil de justificar para una feminista como yo", declaró Rodríguez, en alusión al supuesto cariz sexual de la extorsión. El candidato del PSM a la alcaldía de Calvià, Rafel Sedano, argumentó que compartía las medidas adoptadas hasta ahora por el equipo de gobierno, que ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario y que ha iniciado una investigación interna. "Hay que indagar a fondo a ver si puede haberse producido algún otro caso", indicó Sedano. El celador se encuentra actualmente en libertad provisional con cargos. Anteayer, el titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma le imputó un delito de coacciones. El pasado viernes, una vecina del municipio presentó una denuncia ante el Ayuntamiento. Aseguró haber sido chantajeada por el empleado municipal.

La clave

3 años de prisión

Un delito de coacciones

Según el Código Penal, este delito puede conllevar una pena de seis meses a tres años de cárcel.