I. MOURE. CALVIÀ.
El ayuntamiento de Calvià tiene previsto instalar cámaras de vigilancia para supervisar el tráfico en puntos estratégicos del municipio, que complementarán así a los 27 dispositivos que ya controlan zonas residenciales y turísticas. Las cámaras –con un coste que oscila entre 6.000 y 9.000 euros, según fuentes municipales– permitirán detectar de forma inmediata posibles infracciones de la seguridad vial.
El regidor de Seguridad Ciudadana, Bartolomé Bonafé (PP), explica que se está realizando la primera prueba piloto en la rotonda de entrada al núcleo turístico de Palmanova, un punto al que se accede desde la autopista en dirección Palma y que suele ser bastante frecuentado. Se da la circunstancia de que, en esta rotonda, está ubicada la bandera española de grandes dimensiones que se izó a principios de mes en homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova el pasado verano. Si la experiencia de este núcleo calvianer resulta satisfactoria, agrega Bonafé, el Consistorio estudiará instalar otro objetivo para controlar los accesos a Bendinat, sin descartar su generalización a otras zonas del municipio.
Cuando estén definitivamente implantados, estos dispositivos se sumarán a las 27 cámaras que ya operan actualmente en Calvià. En este caso, su atención se focaliza en velar por el orden público en zonas residenciales y turísticas.
En el término, 15 de los objetivos están repartidos entre Santa Ponça (calle Ramon de Montcada), Magaluf (Punta Ballena y avenidas s´Olivera y Magaluf) y Cas Català (plaza de la Conquesta). La localidad turística de Peguera alberga los otros 12 sistemas de videovigilancia. Las cámaras se empezaron a instalar al principio de la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP en coalición con Unió Mallorquina (UM). Desde el primer momento, la medida levantó algunas suspicacias por el posible mal uso que se podría dar a las imágenes captadas, desde el punto de vista del derecho a la intimidad. El Ayuntamiento siempre ha argumentado que el sistema de control respeta el derecho a la privacidad.
Así, alega el Consistorio, ninguna de estas cámaras, que tienen un campo de visión de 360 grados, graba zonas privadas, como domicilios particulares, que quedan oscurecidos en las grabaciones hechas por el sistema. No se graban sonidos y se destruyen las imágenes en el plazo de 30 días marcado por la ley que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos.
Creación de un fichero
El mes pasado, un decreto de alcaldía autorizó la creación de un fichero para almacenar las imágenes captadas por las cámaras tanto en las zonas turísticas y residenciales, como de tráfico en las vías de competencia municipal. La finalidad, estipula el decreto, es "mejorar la prevención en materia de seguridad y permitir, en su caso, la posible identificación de los autores de hechos delictivos e infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana que se cometan en el radio de acción de dichos medios". La resolución establece que el órgano administrativo responsable del fichero es la jefatura de la Policía Local.
El regidor de Seguridad Ciudadana explica que, con la creación de este archivo, se garantiza que se preserve mejor la intimidad, al formar parte del Registro General de Protección de Datos.