Un juez cuestiona la política contra la venta ambulante

Recuerda que no se puede acusar a los vendedores de desobediencia

J.F.MESTRE. PALMA.

Un auto dictado por un juez de la Audiencia de Palma cuestiona la política que está utilizando el ayuntamiento de Calvià para luchar contra la venta ambulante, que en definitiva es la misma que sigue contra la prostitución callejera. Esta política consiste en amenazar con un delito de desobediencia a los vendedores ambulantes, quienes, pese a los continuados requerimientos para que abandonen esta actividad, siguen vendiendo. Sobre todo se trata de las personas que venden fruta por las playas, una actividad que está prohibida por las ordenanzas municipales.
El tribunal se ha pronunciado sobre un recurso contra el procesamiento de un vendedor ambulante. El auto se muestra muy duro con el ayuntamiento de Calvià, al igual que ya hizo en una resolución anterior que se refería al caso de una prostituta nigeriana que había sido condenada por un delito de desobediencia. En ambos casos el mensaje que envían los jueces al Ayuntamiento es que existen otras formas para atajar este problema antes de acudir al proceso penal, que debe resolver cuestiones mucho más graves que la venta ambulante. El juez recuerda de nuevo al consistorio que preside Carlos Delgado que antes de acudir al derecho penal, por la vía de la desobediencia, se debe aplicar la normativa municipal que prohíbe la venta ambulante.
Esta norma establece multas contra los vendedores, que en definitiva es la misma sanción que podría imponer un juez si condenara a uno de los vendedores ambulantes por un delito de desobediencia. La Audiencia acusa al Ayuntamiento de "dejadez" al traspasar su cometido de sancionar esta actividad ilegal a los tribunales penales y recuerda a los políticos que la venta ambulante supone una infracción administrativa, no un delito. La causa contra el vendedor, lógicamente, ha sido archivada.

Sanción económica al infractor frente a una denuncia penal

No es la primera vez que la Audiencia de Palma recuerda al alcalde Delgado que antes de iniciar un proceso penal contra un ciudadano por incumplir las normas municipales hay otros métodos más adecuados. Y en este sentido se señala en el auto que, si prolifera esta política municipal emprendida en Calvià, un ciudadano que tiene costumbre de arrojar la basura a una hora prohibida o que aparca en un lugar no autorizado podría verse un día sentado en el banquillo por un delito de desobediencia. El juez cree que el Ayuntamiento debe multar antes de amenazar con procesos penales.