La explotación de una playa de Magaluf queda desierta

I. MOURE.

Ningún concesionario ha optado a explotar una de las dos partes en que a efectos técnicos se divide la playa de Magaluf, por lo que, hasta que se redacte un nuevo pliego de condiciones para realizar otro proceso de adjudicación, este tramo del litoral de uno de los núcleos turísticos más importantes de Mallorca estará sin servicio de hamacas, sombrillas y velomares.
El segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Calvià, Bartolomé Bonafé, responsable de Litoral, explicó ayer que el concurso de este lote de la playa de Magaluf ha quedado desierto y que, por ahora, no hay concesionario en esta parte costera. Pese a esto, Bonafé dijo que confiaba en que, con el nuevo trámite administrativo, "en un mes" se produzca finalmente la adjudicación. Según datos recabados de la página web del Consistorio, en su conjunto, la playa de Magaluf tiene una longitud de 1,6 kilómetros y ofrece un servicio con 1.360 hamacas, 790 sombrillas, además de una oferta de alquiler náutico con 43 velomares. El resto de grandes playas del municipio sí que han encontrado empresarios para su explotación. Así sucede con las tres de Peguera (Palmira, Torà y La Romana), la de Santa Ponça, y las tres de Palmanova (Son Maties, Palmanova y es Carregador). La mayoría de ellas, informan fuentes municipales, ha quedado en manos de sus anteriores adjudicatarios. Este año, el Ayuntamiento concibió un cambio en las bases del concurso para la explotación de playas entre 2009 y 2023, lo que generó las críticas de los concesionarios. Así, se estableció que tendrían más puntuación aquellas empresas que adelantasen el canon de los años venideros. En su día, la oposición municipal (PSOE y UM) ya denunció este planteamiento al considerar que respondía al "afán recaudatorio" del equipo de gobierno.
Al final, este sistema de valoración fue retirado. Cabe recordar que el organismo estatal de Demarcación de Costas autoriza al Ayuntamiento a sacar la explotación de las playas a concurso. Este permiso lo concede de año en año. Así, de aprobarse la fórmula propuesta por el equipo de gobierno, existía el riesgo de que Costas decidiese utilizar otro sistema con el consiguiente perjuicio para el empresario que hubiese anticipado el pago.