El PSOE reclama en los tribunales la nulidad de la cesión de la parcela Q-19

La ejecución de una sentencia fue en realidad un pacto, según los socialistas

J.ROSSELLÓ/F.BARRASA
El portavoz del PSOE en el Ajuntament de Calvià, Antoni Manchado, ha interpuesto demanda judicial para que quede sin efecto el acuerdo plenario de noviembre de 2006 que cedió la parcela municipal Q-19 a la empresa Hábitat Golf Santa Ponsa S.L. como presunta ejecución de una sentencia dictada años antes por compensaciones entre el municipio y la promotora inmobiliaria. Manchado sostiene que bajo la apariencia de un fallo judicial independiente se sustanció un acuerdo entre la Alcaldía y los empresarios, del que no se dio cuenta al conjunto de los corporativos antes de la votación.

Cuestión previa
Con la dirección jurídica del letrado Pablo Alonso de Caso, la demanda presentada ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Palma señala que el alcalde llevó al pleno el asunto «ocultando que el procedimiento culminó con un pacto entre las partes litigantes en la que el Ajuntament cedió la parcela municipal Q-19, y manteniendo que dicha cesión había sido un acuerdo de la sala juzgadora y que por consiguiente la corporación tenía que acatar».

En la demanda se llama la atención también sobre un hecho presuntamente irregular en la normativa de régimen local, como fue la petición del grupo del PSOE de que ante la falta de información previa la propuesta quedase sobre la mesa.

El alcalde, Carlos Delgado, no ordenó entonces la preceptiva votación sobre esa cuestión previa, sino sobre el tema de fondo, y éste salió adelante con los diez votos a favor del PP, los nueve en contra de los socialistas y las abstenciones del concejal no adscrito y otro de UM.

El relato de hechos de la demanda concluye que «sí existió un convenio, pacto o acuerdo sobre la cesión de la parcela Q-19, sin que fuera sometido a votación plenaria».

Se da la circunstancia de que los tribunales reconocieron recientemente al grupo municipal del PSOE de Calvià la vulneración de derechos fundamentales que se había producido respecto a este mismo asunto, al no haberles facilitado el equipo de gobierno información previa al pleno sobre el expediente, pese a sus reiteradas solicitudes formales.