El PSOE propone un paquete de medidas para congelar tasas y reducir impuestos como el IBI

J.F.S.

El PSOE de Calvià presentó ayer un paquete de medidas fiscales que propondrá en el pleno del próximo jueves basado en la congelación de las principales tasas y precios públicos y la reducción de algunos impuestos como la contribución urbana. El portavoz socialista, Antoni Manchado, afirmó que "este año tiene que ser especial desde el punto de vista fiscal debido a la crisis económica que afecta a numerosas familias, pero el PP ha realizado una propuesta que es la peor posible en estos momentos".
En relación a la tasa de recogida e incineración de residuos, los socialistas proponen un "incremento cero" en lo que se refiere a la recogida de las basuras debido a que la empresa municipal Calvià 2000 "puede asumir el coste" y no cargarlo en los ciudadanos.
El PSOE es "consciente" de la importancia que tiene la recaudación del IBI para el Ayuntamiento. Sin embargo, proponen una reducción del tipo de gravamen del 0,659 actual al 0,624 para compensar la subida del valor catastral de las viviendas. "Lo ideal sería que el recibo de 2009 fuese igual que la de este año y que la subida aplicada fuese sólo del cuatro por ciento correspondiente al IPC".
Respecto a los impuestos de circulación, el PSOE apuesta por un crecimiento cero para el próximo año y propone bonificaciones del noventa por ciento para los propietarios de vehículos eléctricos y del cincuenta por ciento para los dueños de coches adaptados para emitir índices de CO2 por debajo de la media.
Por otra parte, los precios de las escoletas públicas "deberían mantenerse en los niveles actuales, alrededor de los 409 euros". En este sentido, el?PSOE?propone subvenciones del 90 por ciento para las familias cuyos miembros estén en situación de paro.
Con el fin de potenciar la apertura de los comercios durante la mayor parte del año, los socialistas de Calvià consideran necesario que el Ayuntamiento bonifique con el 50 por ciento del coste de la tasa de residuos a los establecimientos que tengan abierto un mínimo de diez meses al año y del 30 por ciento a los locales que abran nueve meses, lo que se controlaría mediante una comisión de seguimiento integrada por todos los agentes sociales.