El futuro de una de las grandes infraestructuras promovidas por el ayuntamiento

El Consistorio recurre a la Audiencia Nacional para lograr hundir la fragata

Responsables municipales reconocen que es difícil que prospere la iniciativa hasta que no haya un cambio de gobierno

I. MOURE.

La Audiencia Nacional es el último escalafón jurídico al cual ha recurrido el ayuntamiento de Calvià para mantener viva la iniciativa de hundir una fragata militar en las Islas Malgrats (Santa Ponça) con la finalidad de crear un arrecife artificial destinado a los amantes del buceo. Los repetidos recursos del Consistorio, gobernado por el PP, se han encontrado con la negativa rotunda del ministerio de Medio Ambiente, que ha alegado siempre que el proyecto tiene un elevado coste medioambiental.
El director general de Desarrollo Estratégico del Ayuntamiento, Antonio Rami, manifiesta que llevar el asunto a la Audiencia Nacional es "una forma de ganar tiempo" y de que el proyecto no caiga en el olvido, porque reconoce que hasta que no haya un cambio de color político en la administración central "no hay ninguna esperanza" de que pueda salir adelante.
La iniciativa del Consistorio apostaba por hundir la fragata Baleares y para ello se contaba con un acuerdo de cesión por parte del ministerio de Defensa.
La embarcación, actualmente amarrada en el puerto de Vigo, tiene 133,60 metros de eslora (longitud) y 14,30 metros de manga (anchura). El proyecto preveía hundirla a entre 35 y 40 metros de profundidad.
Asociaciones ecologistas como Greenpeace o el GOB han cuestionado la iniciativa.

Agravio comparativo

Rami lamenta los obstáculos políticos puestos al hundimiento del barco y critica la incongruencia que implica el hecho de que recientemente dos fragatas con las mismas características que la Baleares hayan sido hundidas en alta mar durante unas prácticas de tiro, para lo cual, dice, se ha contado con un presupuesto de descontaminación muy por debajo al previsto en el caso de Calvià.

Críticas a Joan Mesquida por no recibir en persona a Carlos Delgado

Responsables municipales se quejan de que el secretario de Estado de Turismo, el mallorquín Joan Mesquida, no haya atendido las peticiones del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, para mantener una reunión en que abordar distintos aspectos relativos al turismo del municipio, como el proyecto de hundimiento de la fragata.
Desde Madrid, según apuntan estos responsables, sólo han acordado una cita con el director general de Turespaña, Antonio Bernabé. "No se explica. El alcalde del municipio turístico más importante de España pide una cita con Mesquida y no nos la dan. Este ninguneo no es de recibo", manifiesta el director de Desarrollo Estratégico, Antonio Rami.
Rami asegura que, cuando Mesquida estuvo en el ministerio de Defensa como responsable de la Policía y la Guardia Civil, se mostró muy colaborador a la hora de ayudar al Ayuntamiento en el proyecto de hundir en las Malgrats una fragata militar en desuso.

Guía metodológica

Al margen de lo que pueda derivarse de los contactos con la Secretaría de Turismo, lo cierto es que el hundimiento lo tiene aún más difícil para prosperar por la nueva guía metodológica para el emplazamiento de arrecifes artificiales, guía que ha preparado la dirección general de Costas. Establece que se prohibirá la colocación de "buques, aeronaves, plataformas o similares" a menos de una milla de la costa.

Historia de un desencuentro político

Desde que se hizo en 2003 con la alcaldía en el ayuntamiento de Calvià, Carlos Delgado (PP) abogó por impulsar megaproyectos en el municipio para combatir la ancestral estacionalidad de la economía calvianera. Proyectos como un centro de tecnificación deportiva, un museo de arte contemporáneo, un parque temático o el hundimiento de una fragata para crear un arrecife artificial.
Ninguno de ellos se ha materializado por ahora al no tener el apoyo de instituciones supramunicipales. En el caso de la fragata, era una de las iniciativas más avanzadas. La pasada legislatura, la conselleria de Agricultura y Pesca -en aquel entonces en manos del PP- solicitó a Madrid que concediera la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre. Era un trámite indispensable para el hundimiento. En una resolución oficial fechada el 9 de abril de 2007, el ministerio de Medio Ambiente -dirigido en ese momento por la socialista Cristina Narbona- negó el permiso con el argumento de que eso implicaría una nueva "fuente puntual de contaminación", además de provocar la "alteración del estado ecológico". Posteriormente, el ayuntamiento de Calvià recurrió la decisión ministerial, defendiendo que no habría ningún impacto medioambiental.
"Esta Administración es la primera interesada en que no haya ningún tipo de contaminación", se alegaba en el recurso. Tras la negativa ministerial, el Consistorio calvianer trasladó el asunto a los tribunales de lo contencioso-administrativo para denunciar lo que se consideraba "sectarismo" del ministerio de Medio Ambiente.