LAS PESQUISAS SE CENTRAN EN SUPUESTAS CONTRATACIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

 

Investigan anomalías en trabajos de asesoría para el Ayuntamiento

 

El juez de instrucción número tres de Palma, José Castro, abre diligencias sobre unos informes

 

FELIPE ARMENDÁRIZ.

El juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, ha abierto unas diligencias en relación a supuestas irregularidades que podrían haberse cometido en torno a informes y trabajos de asesoría encargados por el ayuntamiento de Calvià.
Las supuestas anomalías podrían afectar al área de Servicios Sociales y estarían relacionadas con algunas contrataciones externas realizadas por el consistorio en los últimos años.
Las diligencias se encuentran todavía en una fase muy preliminar y se abrieron hace algunas semanas, tras tenerse conocimiento, de manera indirecta, de algunas irregularidades en contratos municipales.

Personas afines al PP

Inicialmente, los investigadores tratan de esclarecer si alguna persona afín al Partido Popular (PP), la fuerza que gobierna el Ayuntamiento desde el año 2003, ha podido haber redactado informes u otros trabajos de asesoramiento para el consistorio, encargos por los que habría cobrado unos emolumentos.
Las sospechas también versan sobre la forma en que los autores de los informes facturaron al Ayuntamiento por dichos trabajos. Las pesquisas judiciales se ciñen, por el momento, al área de Servicios Sociales, un departamento municipal que podría haber encargado estos estudios a personas próximas al Partido Popular.
El juzgado intenta confirmar si realmente se llegaron a efectuar los encargos de asesoría externa sospechosos, quién los autorizó, en qué consistieron y cómo se pagaron.

Ser prudentes

Las fuentes informativas, no obstante, han señalado que en el momento actual de las pesquisas se debe ser muy prudente, puesto que por ahora los indicios que han forzado a la apertura de las diligencias deben confirmarse o descartarse.
En las anomalías podrían haber tomado parte otras personas relacionadas con el mundo empresarial o con asesorías.
Estos presuntos cooperadores necesarios habrían facilitado medios para la comisión de las posibles irregularidades.
En el caso, de momento, no ha intervenido la fiscalía anticorrupción de Balears, pero no se descarta que acabe ocupándose del sumario si aparecen más indicios sobre las anomalías.
El juez José Castro investigó en los años 90, en dos fases sucesivas, el llamado caso Calvià, el intento de soborno de un edil socialista por personas vinculadas al PP a cambio de cien millones de pesetas y para desbancar al Ayuntamiento del PSOE. El sumario acabó con varias condenas.

La pista nació de otras diligencias en un caso diferente

La pista que ha dado pie a la apertura de una investigación judicial en relación a trabajos de asesoría externa encargados por el ayuntamiento de Calvià nació de otra causa judicial completamente ajena a este caso. La casualidad hizo que en el marco de una investigación judicial desarrollada en Balears por otro tipo de delitos aflorara una pista sobre los informes o estudios presuntamente irregulares que podría haber pagado el ayuntamiento de Calvià a personas del entorno del Partido Popular.



 

 
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