La Guardia Civil licita las obras de la casa-cuartel, cuyo inicio se prevé para julio

I. MOURE.

El futuro de una de las infraestructuras más largamente gestadas en Calvià se comienza a aclarar. Las obras para construir la casa-cuartel de la Guardia Civil en el polígono de Son Bugadelles han salido a concurso con un presupuesto total de 5,2 millones de euros. Así se lo comunicó ayer durante una reunión en el ayuntamiento de Calvià el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, al alcalde Carlos Delgado (PP). Se prevé que la construcción pueda empezar el próximo verano.
Según explicó en nota de prensa el Consistorio calvianer, durante el encuentro Mesquida informó a Delgado de que la licitación se había formalizado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer, que establece el 4 de abril como fecha límite para la presentación de ofertas.
A continuación, se someterá el pliego de condiciones a un periodo de exposición pública, momento tras el cual podrán arrancar las obras. Un inicio que, según los datos facilitados por el Consistorio, puede situarse en el mes de julio.
La nueva edificación se erigirá en un solar de 3.654 metros cuadrados, que fue cedido en su día de forma gratuita por el Ayuntamiento. La casa-cuartel dispondrá de 32 viviendas, que tendrán entre uno y tres dormitorios. La nueva edificación albergará también diversas dependencias oficiales de la policía judicial y del Seprona.
Los principales grupos políticos de Calvià han defendido siempre la urgencia de esta infraestructura, dado el deficiente estado de conservación de las dependencias actuales del instituto armado, en Palmanova.
Unas deficiencias que el Consistorio intentó paliar en 2005 con la cesión temporal a la Guardia Civil de oficinas municipales ubicadas en la sala Palmanova. Desde su inicio, en 2003, el proyecto de acuartelamiento ha experimentado vicisitudes de diversa índole.
En 2005, se formalizó la cesión del solar a la Benemérita a través de un acuerdo adoptado en el pleno municipal, moción que especificaba que, si las obras no comenzaban el 30 de noviembre de 2006, los terrenos revertirían al Consistorio. Con el tiempo, este plazo se reveló imposible y así lo comunicó el ministerio del Interior en febrero del año 2006, que alegó motivos presupuestarios para el retraso. Esto fue motivo de enfrentamiento político, ya que el PP recriminó al Gobierno socialista "falta de interés".